En la Asamblea informativa convocada ayer martes, día 3 de abril por la Unión de Consumidores para los afectados de la Comunidad Valenciana «por la negligente colocación» de las participaciones preferentes hay implicados cerca de 52 bancos y cajas españolas, unos 700.000 en toda España con unos 25.000 millones de euros.
El despacho de abogados AvanzAC, que asesora a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, ha asegurado que ha habido una venta masiva incorrecta de productos complejos como las participaciones preferentes, en los que algunos clientes han invertido sus ahorros de toda la vida.
Según han explicado los abogados Justo Pascual y Mª Dolores Arlandis, se trata de productos adecuados para inversores que sean capaces de asumir una pérdida total de su inversión o inversores institucionales pero no para clientes sin conocimientos financieros y que han invertido su dinero creyendo que se trataba de renta fija.
Los letrados han indicado que lo que ocurría es que «La gente metía los ahorros de su vida en algo que creían fijo y de disponibilidad inmediata»pero las participaciones preferentes «no son preferentes, ni tienen mercado, y son de carácter perpetuo», que han llegado a ver vencimientos de este producto del año 3000.
Las entidades no informaron a sus clientes de los riesgos que conllevaban este tipo de productos, entre los mismos se encuentra su carácter perpetuo y su volatilidad, y además dichos productos fueron comercializados como plazos fijos para jubilados y pequeños ahorradores.
Los juristas consideran que las omisiones de información por parte de las entidades financieras sobre aspectos esenciales del producto conlleva a que estos contratos que se formalizaron sean nulos, y por tanto, animan a los afectados a presentar demandas por las posibilidades que existen de ganar.
Además, sumado a que las entidades están ofreciendo un canje por ese producto por un valor inferior.
Los abogados recuerdan que las entidades financieras están obligadas a ofrecer suficiente información en la venta de este tipo de productos por ser «un derecho básico para el consumidor y una obligación para las entidades»
