Es cierto que la justicia es lenta, no funciona como debe funcionar y a la que se destina una cantidad insuficiente de los presupuestos para su mejora, tanto en organización como en funcionamiento, personal y medios. ¿Para cuándo la implantación de la oficina judicial que supondría una agilización de la misma?. ¿Para cuándo una justicia moderna y eficaz que beneficie a todos?. Estamos cansados de oir que faltan jueces, que los que hay no dan abasto, etc.. ¿Por qué un sistema de oposiciones arcaico y extremadamente severo donde se premia la memorización y no otras cualidades que debe tener un buen juez? y todo por la escasa financiación de la misma, porque falta dinero.
Al hilo de todo ello se han oído voces originadas desde la política valenciana, surgen maravillosas ideas acerca de la posibilidad de implantar el “copago” judicial –una tasa para que los litigantes financien el coste de la Administración de Justicia, al estilo del “copago” sanitario con la atención médica. El ‘president’ de la Generalitat, Alberto Fabra,ha salido al paso para afirmar que es «muy pronto» para hablar sobre la posible aplicación de una tasa para agilizar la justicia.
El presidente de la Generalitat ha intentado hoy terciar y asegura que «es un poco prematuro hablar de cualquier posibilidad de tener que aplicar alguna tasa» y ha señalado que antes, en su opinión, hay que resolver «otras cuestiones», como la «mejora» del sistema de financiación estatal. Pero no ha negado que en el futuro haya que aplicarla, como el copago sanitario, en el caso más extremo.
El portavoz del Gobierno, José Blanco, calificó de «broma» que se plantee el copago en Justicia en la Comunidad Valenciana y lo rechazó.
Sin embargo desde la judicatura hay opiniones diversas:
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, ha estimado que es lógico que los gastos ordinarios de la Administración de Justicia sean soportados en mayor medida por aquellas personas que acuden a los tribunales con mayor frecuencia, con el fin de disuadir a los que abusan de los tribunales y contribuir a la agilización. No obstante, Llanera ha señalado dos limitaciones para el copago: que aquellas personas que carezcan de recursos para poder litigar tengan derecho a la justicia gratuita y que el gasto sea soportado por aquellos que acudan a los tribunales y éstos no les den la razón.
Pero yo me pregunto modestamente: ¿Cómo se controla quien acude más a los Tribunales? ¿Tendrían los funcionarios que contabilizar las veces en que fulanito o menganito litiga? Además si el sujeto en cuestión tiene dinero le dará igual pagar 8 o más copagos por pleito, por ejemplo: los famosos que salen en televisión en los programas del corazón que se les llena la boca diciendo que voy a poner una demanda contra ti, etc..
Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha recordado que ya existe una tasa en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, que se podría extender al resto de los órdenes judiciales. Tras indicar que la competencia para fijar un impuesto corresponde al Estado, Sexmero ha argumentado que el establecimiento de una tasa en la Administración de Justicia no sería onerosa para los usuarios y contribuiría a mejorar este servicio público, según recoge Efe. En su opinión, sólo tendría sentido si se aplicara «como un método de allegar recursos siempre que la tasa y el producto de la misma se queden en la administración de la justicia y no acabe en Hacienda».
Por lo que corremos el peligro de que las cantidades lleguen a la Agencia Tributaria y no a donde tendrían que llegar.
Por otro lado, Jueces para la Democracia, ha rechazado el copago porque generaría desigualdades y no mejoraría el servicio. Las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio «no tendrían ningún problema en pagar las tasas, a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».
Y con todas estas opiniones yo me pregunto: ¿No sería mejor una gestión seria y responsable de los recursos en vez de un copago por parte de los ciudadanos a los cuales se les hace pagar por la ineficacia de la justicia haciendo recaer sobre los mismos el coste económico de una supuesta agilización?
Mª Dolores Ortiz (Abogada)
