Soy abogada y además estoy inscrita en el turno de oficio. Creo que muchos de los que me conocéis lo sabeis.
Quiero llamar vuestra atención y consideración hacia un problema cada vez más grave y acuciante. Y que gira en torno al tan “saltado a la torera” derecho constitucional a la vivienda. Y al que todos, empezando por instancias superiores, y responsables de impartir y aplicar Justicia, hemos vuelto la espalda como si no fuera con nosotros. .
La oleada de desahucios provocados básicamente, salvo algunas excepciones, que las hay, por la situación de crisis, falta de trabajo y sobre todo agravada por la penosa política de empleo aplicada a esta crisis o mejor dicho, por la falta de una auténtica política de empleo por parte de nuestro Estado, (que «de Derecho» se llama, digo), ha llevado a muchas familias, más de las deseables, a la perdida de la única vivienda con la que contaban.
Estos son los desahucios mas sangrantes pues conllevan irremediablemente la perdida de la única vivienda, la familiar. También están los otros desahucios por falta de pago de las rentas.
Pues bien, en este trimestre, y mas exactamente en el último mes, en los últimos días, me han designado por el turno de oficio la defensa de dos precarios. Para quien no sepa lo que es un precario, sea profano en la materia es la posesión/uso de una vivienda sin tener título para ello. Lo que todos conocemos como OKUPACION y OKUPAS.Y si a mi me han designado dos casos en un mes, siendo una más de todos los profesionales que en Barcelona estamos y ejercemos en el turno de oficio, eso confirma que el número de personas que están en la calle viviendo sin recursos aumenta, y que aumenta el número de personas que, a la desesperada, la mayoría de ellos y sin mas ánimo que meterse bajo techo, le dan una patada a la puerta de una vivienda.
Pero analizando los casos que se han ido presentando, y volviendo a lo que quería y era el objetivo de mi “Alerta” he podido comprobar y, estoy segura otros compañeros, también que existe un grupo de desaprensivos, de gentuza, de mafia, que se esta aprovechando de esta situación.
Gente que está en la calle, brujuleando, organizada, que sabe qué pisos están desocupados, que dan la patada en la puerta, que ven en que estado están, que por cierto ni les importa porque no van a ser ellos los que se van a meter ahí, y que a continuación buscan a la víctima propiciatoria, que suele ser un conocido del barrrio (barrios evidenemente degradados y deprimidos económicamente hablando) del que se enteran o saben que no tiene vivienda, recién inmigrado, o que se ha quedado o se va a quedar sin vivienda, un paisano, inmigrante, también que como el individuo en cuestión.
Abordan a éste en plena calle, o bien colocan carteles de “se alquila piso de particular a particular” con un móvil por toda seña a quien le proponen el piso.
El estado de necesidad provoca que el engañado pague los 900 Euros que se le piden por entrar en el piso. Y le entregan un contrato (primera hoja, sin anexo de un contrato de alquiler comprado en un estanco) que parece, es decir, que aparentemente es formal, sin mas especificaciones. Es evidente que el que firma el contrato tarde o temprano se da cuenta de la situación del engaño, no lo denuncia, porque su estado de necesidad no se lo permite, asume la situación y piensa… hasta que me echen tengo un techo para vivir. Este último en su defensa tiene la atenuante del estado de necesidad.
Pero no sabe que se convierte en cómplice de ese fraude.
Se que no estoy contando nada nuevo. Lo nuevo es que todos nos dispusiéramos a denunciar estos hechos, a no permitirlos, ni consentirlos y a solucionar como es debido un problema de vivienda que es un derecho constitucional.
Sé que a lo mejor algunos de los que lean ésto, estén o conozcan a alguien en una situación asi. Hay que denunciar estos hechos, hay que dar la alerta social sobre ello porque está aumentando sin parar el entramado de engaño en torno a la necesidad de vivienda. Hay que impedir que unos se aprovechen de otros y fomentar que la Administración se encargue de ello, y garantice el derecho a una vivienda digna, no gratis, digna y acorde con las necesidades y recursos de todos.Rosalía Pensado (Abogada)
