Desde hace ya algún un tiempo, se está poniendo de moda todo lo que es “low cost”, en muebles, ropa, peluquerías, aerolíneas, y como no también en el campo del asesoramiento jurídico y en la abogacía.
Estamos cansados de ver anuncios ofertando servicios jurídicos tales como divorcios a 150 €, en los cuales simplemente se rellena un formulario pero el cliente no conoce ni la voz de su abogado, ni saben quien ha firmado la demanda, desahucios a 200 €, entre otros procedimientos judiciales.
En primera persona me llamó la atención cuando se pusieron en contacto conmigo a través de mi móvil los comerciales de un despacho de abogados mediático, ofreciéndome un abogado por 20 € al mes, cuando le dije que era abogada me insistía aún más diciendo que así tendría cubierta mi propia defensa jurídica si me denunciaban, cuando les pregunté si me incluía el abogado para los juicios me dijeron que sí…¡¡¡Me pareció tan increíble que un abogado pudiera defenderme por 20 € al mes!!!, claro y yo soy abogada, ¿Qué pensará alguien que no lo es?, evidentemente no es cierto…
No sé hasta que punto y en que punto estamos, lo que sí tengo claro es que un abogado no es una cadena de comida rápida, es un servicio basado en la confianza entre cliente y abogado., el cliente tiene que saber quien le defiende en un juicio, quien hace la demanda, cómo van a quedar las relaciones con sus hijos tras el divorcio, quien ha hablado con su empresa para negociarle el despido, etc…
Se está precarizando tanto la abogacía que está pasando a niveles extraordinarios, donde un cliente nada más llamarte por teléfono te pide precio, como si te pidiera una hamburguesa… o te dicen que ha visto en internet divorcios a 150 € por poner un ejemplo, cuando en realidad cada caso es diferente y cada caso hay que estudiarlo de forma personalizada, con la dedicación que requiere.
Nos estamos jugando mucho…. La libertad, la seguridad, nuestra economía, nuestro trabajo…
Por otro lado, existen a su vez modelos de macrodespachos de litigación masiva donde se trata el procedimiento judicial y el trabajo del abogado como si se tratara de una cadena de producción, donde por un lado, un abogado atiende al cliente, (si lo atiende porque en la mayoría de los casos es un teleoperador), otro hace la demanda, y otro va a juicio, por lo que en ningún momento el cliente tiene contacto con el abogado, y si quiere algo se tiene que poner en contacto con una centralita de atención al cliente donde le indican que ya le toman nota, pero que en raras ocasiones podrá contactar con el abogado que le lleva su caso.
A nuestro despacho han venido bastantes clientes que no saben que hacer, que quieren cambiar, que no saben si tienen sentencia o no… y nos toca “arreglar” si podemos esos “descosidos”, por lo que al final lo barato sale caro con toda la razón del mundo.
Y ya no solamente el cliente es el gran perjudicado sino también el abogado joven que se ve abocado a trabajar para estos despachos low cost algunos siendo explotados con grandes jornadas laborales y sin apenas remuneración.
¿Cómo se podría poner freno a toda esta guerra de precios y esta baratización de la justicia?
Entiendo que por un control deontológico por parte de los colegios de abogados, que entre sus obligaciones está que procuren que el servicio que se da por los abogados este incluido en un código de buenas conductas como un sello de calidad, un control por parte de los colegios de abogados
¿Se podría incluir estos comportamientos como competencia desleal? Pues si entendemos por competencia ilícita o desleal como dice la Ley, todo aquel comportamiento que pueda encuadrarse, usando elementos objetivos de análisis, como contrario a las exigencias de buena fe dentro del plano del comercio con el propósito de incitar la compra de un producto en un enclave determinando afectando negativamente y mermando la libre decisión y elección del comprador, pues podría encuadrarse dentro de ella, pero en realidad la fijación de los precios es libre.
Hasta hace poco los Colegios de Abogados podían establecer unos mínimos y máximos en la fijación de honorario pero como consecuencia de la “Ley ómnibus” que reforma la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales los honorarios son libres, por tanto los abogados pueden fijar los precios que quieran, pero debiendo evitar situaciones de competencia desleal.
Si consideramos que el art. 17 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal indica que se reputan desleales las ventas realizadas por debajo del coste siempre y cuando induzcan a error a los consumidores, desacrediten la imagen de un producto o que formen una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado, entendemos que todas estas actuaciones que hemos indicado en nuestro artículo podrían englobarse dentro de esta última tácticas ya que algunos despachos con precios irrisorios o gratuitos incluso, atraen a más clientes y perjudican a los demás abogados que están en el mercado, produciéndose una situación de desigualdad.
No obstante y a pesar de ello es muy difícil que la comisión nacional de la competencia sancione estas conductas. Por tanto no queda más remedio que confiar que el mercado, los consumidores que al fin son nuestros clientes aprecien la calidad de los servicios prestados con precios justos y desconfíen de los que los ofrecen a bajo coste.
