Este verano hemos sufrido un incremento en los incendios forestales en España, por poner un ejemplo uno de los mayores que hemos visto ha sido el de la Gomera donde han ardido miles de hectáreas de parque natural, sin contar con otras zonas de la península, como Valencia, Barcelona, Navarra, Galicia, Madrid, Málaga, entre otros lugares.
La mayoría de los incendios han sido intencionados, recordemos el que se produjo hace pocos días en la Sierra de Madrid, donde había hasta cuatro focos de incendios simultáneos e incluso donde algunos vecinos testimoniaron haber visto como alguien arrojaba artefactos incendiarios desde un vehículo.
No hay derecho a que la naturaleza esté sufriendo las consecuencias de la delincuencia de unos pirómanos que intencionadamente están destruyendo nuestro entorno natural, por lo que son muchas las voces que están demandando un aumento de las penas para estos terroristas de la naturaleza.
El Código Penal contempla para los culpables en materia de incendios forestales penas de entre 1 y 5 años de cárcel, condena que puede llegar hasta los 20 años si se ha puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas.
El pasado mes de julio el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que la reforma del Código Penal incluiría aumentar de 5 a 6 años las penas para los causantes de estas catástrofes. Y en los últimos días, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, han apoyado públicamente un endurecimiento de los castigos.
No obstante, esta medida no convence a jueces y magistrados,que coinciden en que no reducirá los siniestros, cuyo nivel de devastación achacan a la falta de inversiones en prevención. Ya que la solución está «en la prevención» y no en «castigar» determinadas actuaciones una vez que han ocurrido, ya que producida la devastación no hay marcha atrás y lo que hay que evitar es que se produzca en otro lugar y hay que hacer incapié en la prevención e invertir también en limpieza de bosques, en medios materiales y humanos.
Un cambio en la penalidad no va a hacer que disminuya la delincuencia, ya que hay que pensar que hay gente dispuesta a cometer incendios si las penas son de cuatro años y no lo está si son de cinco o seis, al pirómano le va a dar igual.
Desde la Asociación de Fiscales, se ha subrayado que más que un aumento de las condenas, la Justicia debería modificar la competencia para juzgar a los responsables de estos delitos, ya que la de los jurados populares «no es la mejor».
Lo que está claro es que sea de una u otra manera tenemos que concenciarnos que quien produce un desastre de estas magnitudes tiene que sufrir las consecuencias legales de ello e intentar en la medida de lo posible evitar que se produzca invirtiendo en medios materiales y humanos.
Mª Dolores Ortiz (abogada)
